La provincia de Napo se enfrenta a una creciente amenaza derivada de la actividad minera. Según datos de Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) la dinámica de las áreas dedicadas a esta actividad en la provincia amazónica ha incrementado casi 210 veces entre 1996 y 2020. Según la OEA, la minería ilegal en Ecuador ha aumentado la producción en un 27%. Esto aún cuando en la provincia el 19,6% son territorios donde habitan comunidades indígenas, en su mayoría de nacionalidad kichwa, y las áreas protegidas cubren el 53,7% de su superficie.
De la actividad minera registrada, la minería ilegal se presenta en varios casos como parte de las concesiones mineras. Por ejemplo, en las comunidades de Kuriyaku y Mishiurko, en la parroquia Talag, se ha denunciado una invasión por parte de operadores mineros pertenecientes a la empresa, de origen chino, Terraearth Resources S.A. Esta invasión se ha llevado a cabo en los territorios ancestrales de las comunidades, sin el consentimiento de sus habitantes.
Para febrero de 2024 se han identificado 13 puntos significativos en la ribera del río Jatunyacu, una de las dos principales cabeceras del río Napo, representando una seria amenaza para comunidades y ciudadanos. La proliferación de estas actividades ilegales pone en riesgo la contaminación del río Napo y, por ende, la salud de quienes dependen de sus aguas.
En los últimos meses, una extensión de 11 hectáreas en los márgenes del río Jatunyacu ha sufrido devastación. Esta destrucción se atribuye a actividades ilegales de extracción de oro, con un valor estimado entre 1 y 2 millones de dólares. Se calcula que los daños ambientales y de salud resultantes ascienden entre 8 y 16 millones de dólares.
Se estima además que la minería ilegal en Napo puede resultar en un costo de $840.000 por hectárea para el estado ecuatoriano de acuerdo a la calculadora de impactos mineros de la ONG Conservation Strategy Fund, una herramienta que ha sido avalada por el Ministerio Público Federal en Brasil para estimar daños de minería aluvial ilegal en la Amazonía, esto significa una pérdida significativa para la economía nacional.
Además del impacto económico, la salud de los ecuatorianos está en peligro. Si esta actividad ilícita persiste, los sistemas de salud, incluyendo el IESS, podrían enfrentar costos entre 729 mil y 1,5 millones de dólares para tratar enfermedades cardiovasculares, pérdida de QI en fetos y remediar suelos a causa de contaminación de mercurio.
La situación es alarmante y si no se toman medidas urgentes, podría desencadenar una catástrofe similar a la ocurrida en Yutzupino en 2022. Recordemos que en esa ocasión se incautaron 148 máquinas debido a la destrucción ambiental y el peligro inminente para la comunidad local. Es imperativo que actuemos de manera decisiva para evitar que este desastre ambiental se repita en la provincia de Napo.
- Impacto Ambiental y Riesgos Ecológicos
Información recopilada por MAAP, entre octubre de 2021 y enero de 2022, indica que la minería ilegal ha causado la deforestación de 70 hectáreas en la ribera del río Jatunyacu, donde el Estado ha entregado 153 concesiones mineras. Esta actividad también se extiende por la quebrada Yutzupino y el río del mismo nombre. En cambio en Punino, a febrero de 2023, al menos 166 hectáreas fueron deforestadas por la minería fuera de las concesiones legales.
La minería ha resultado en la pérdida de hábitats críticos para diversas especies locales, algunas de las cuales podrían estar en peligro de extinción. Además, la alteración de los cursos de agua podría tener consecuencias a largo plazo en la disponibilidad de recursos hídricos esenciales para la vida en la región.
- Riesgos para la Salud Humana y el Impacto Social
Estos impactos no solo amenazan la biodiversidad local, sino que también comprometen la calidad del agua que consumen las comunidades circundantes. Problemas respiratorios, dermatológicos y gastrointestinales han sido identificados como posibles efectos adversos relacionados con la exposición a contaminantes presentes en el aire y el agua debido a la actividad minera.
Cuando se realiza minería ilegal también se desatan afectaciones al entorno social donde se realiza como trabajo infantil, explotación laboral, prostitución, sobornos, entre otros.
- Inconsistencias en la Regulación y Supervisión:
Colectivos y habitantes de Napo indican que existen preocupaciones sobre la efectividad de la regulación y supervisión de la actividad minera en la provincia de Napo. La falta de cumplimiento de normativas ambientales y de seguridad por parte de algunas empresas mineras plantea preguntas sobre la capacidad de las autoridades para proteger adecuadamente a la población y el entorno natural.
La ARCOM informó que durante 2022 realizó un total de 348 operativos contra la minería ilegal. De ese total, menos del 6%, se ejecutaron en Napo a pesar de ser una de las provincias con mayor crecimiento de las actividades ilícitas. Según la Iniciativa Global contra la delincuencia organizada (Giatoc) desde hace seis años, alrededor del 80% de los minerales extraídos en Ecuador son producto de actividades ilegales.
En ese escenario, la Asamblea Nacional solicitó al Ejecutivo en 2022 declarar estado de excepción en Napo a causa de la minería, sin resultados efectivos.
Adicionalmente, en cuanto al desarrollo local, mientras en Napo y otras provincias amazónicas se ha explotado la riqueza mineral durante 25 años, la pobreza y pobreza extrema son altas. Según datos del Plan de Ordenamiento Territorial del 2020, estos dos indicadores llegan al 80%.
Llamado a la Acción:
Ante la acumulación de evidencia que respalda los riesgos asociados con la minería en la provincia, colectivos antimineros y líderes de Napo hacemos un llamado urgente a las autoridades nacionales para que tomen medidas inmediatas y cumplan con las peticiones de suspender todo tipo de actividad minera ilegal en la provincia del Napo; además pedimos se realicen patrullajes permanentes coordinados entre las instituciones involucradas y la población en el sector a fin de evitar esta actividad e implementar programas, proyectos y capacitaciones a favor del sector productivo sostenible y la protección del medio ambiente.
Esto incluye una revisión exhaustiva de las prácticas mineras en la provincia, la reversión de algunas concesiones mineras, el fortalecimiento de la regulación y la supervisión, y la implementación de medidas correctivas para mitigar los impactos ambientales y proteger la salud de la población.
Fuente: María Carmen Anrrango
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