La propuesta del presidente Noboa para instalar bases militares estadounidenses enfrenta desafíos constitucionales y éticos en la lucha contra el narcotráfico.
El reciente anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la instalación de bases militares estadounidenses en Ecuador ha generado un fuerte debate en el país. Abogados constitucionalistas como Angélica Porras advierten sobre los riesgos que implica para la soberanía nacional, mientras que otros argumentan que esta medida no resolverá el problema del narcotráfico ni del crimen organizado. El país se enfrenta a un dilema crucial: ¿es esta la estrategia adecuada o se está sacrificando la autonomía?
La propuesta de Noboa ha sido recibida con escepticismo, especialmente por parte de expertos en derecho constitucional. Angélica Porras, abogada constitucionalista y socia fundadora del Colectivo Acción Jurídica Popular, plantea que la instalación de bases militares extranjeras en el país viola el artículo 5 de la Constitución ecuatoriana, que establece al Ecuador como un Estado de paz. “Esta prohibición tiene el carácter de norma fundamental, y cualquier reforma que pretenda alterar este principio debería someterse a un proceso complejo, ya sea una reforma parcial o una Asamblea Constituyente”, afirma Porras.
El presidente Noboa, sin embargo, ha optado por una reforma parcial. Según Porras, esto presenta un riesgo considerable, ya que la Corte Constitucional podría decidir que la reforma debe ser tratada como una enmienda, o incluso que requiere una Asamblea Constituyente. Aun si se aprueba la reforma parcial, es probable que no solucione el problema del narcotráfico y el crimen organizado en Ecuador.
Porras recuerda el caso de la base militar en Manta, donde la presencia de tropas estadounidenses no resultó en una mejora sustancial en la lucha contra el narcotráfico. “No vamos a tener a los marines patrullando las calles”, señala Porras. “Su función es más bien procesar información y proporcionar líneas generales de estrategia, lo que no necesariamente se traduce en una disminución del crimen organizado”.
La historia de las bases militares en la región, especialmente en Colombia, demuestra que su efectividad es limitada. A pesar de contar con varias bases estadounidenses, Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo. Esta situación plantea dudas sobre si replicar este modelo en Ecuador traerá resultados diferentes.
El aumento del narcotráfico en Ecuador no se debe únicamente a la falta de control estatal, sino a cambios en las rutas del narcotráfico desde Colombia, Perú y México. Ecuador se ha convertido en un punto estratégico para el tráfico de drogas debido a su geografía y la disminución de la presencia estatal en zonas clave como puertos y fronteras.
“Es importante entender que la presencia de bases militares no garantiza que todos los grupos del narcotráfico sean combatidos por igual”, advierte Porras. “La estrategia de Estados Unidos ha sido, en ocasiones, aliarse con ciertos grupos para destruir a otros, lo que no elimina el problema, sino que lo redistribuye”.
Otro aspecto preocupante es la posible pérdida de soberanía. Cuando se instalan bases militares extranjeras, como las de Estados Unidos, se suele firmar un convenio que otorga inmunidad a los militares extranjeros, quienes no están sujetos a las leyes locales. “Esto significa que estamos cediendo una parte de nuestro territorio y control a una potencia extranjera”, comenta Porras. “Los militares estadounidenses actuarán bajo sus propias reglas y no serán juzgados bajo las leyes ecuatorianas”.
Este tipo de acuerdos ha generado controversia en el pasado, como en el caso de Manta, donde embarcaciones ecuatorianas fueron hundidas bajo la sospecha de estar vinculadas al narcotráfico, sin una investigación adecuada. Además, el caso de García Luna en México demuestra cómo la intervención de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico puede estar vinculada a intereses oscuros.
A nivel político, la aprobación de la reforma parcial y la instalación de bases militares podría beneficiar a Noboa en las próximas elecciones. Al presentar esta medida como una estrategia para combatir el crimen organizado, podría ganar apoyo popular, aunque los expertos advierten que es improbable que las bases militares logren este objetivo.
Sin embargo, el cronograma es ajustado. La Corte Constitucional debe tomar una decisión rápidamente para que la reforma pueda ser discutida en la Asamblea Nacional y sometida a referéndum antes de las próximas elecciones. “Si la Corte se demora, no habrá tiempo suficiente para aprobar la reforma antes de las elecciones”, explica Porras.
La propuesta del presidente Noboa plantea serios interrogantes sobre la soberanía y la efectividad de las bases militares extranjeras en la lucha contra el narcotráfico. Si bien algunos pueden ver esta medida como una solución inmediata, los hechos demuestran que su impacto es, en el mejor de los casos, limitado. ¿Es Ecuador realmente consciente de los riesgos que conlleva permitir la instalación de bases militares extranjeras en su territorio? ¿Qué otras alternativas existen para combatir el narcotráfico sin comprometer la soberanía nacional?
Fuente: PORTADAS | prensa.ec
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