La importancia del reglamento para la Ley Orgánica de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y los retos pendientes en la implementación
La Ley Orgánica de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, promulgada en enero, marcó un hito en la gestión de riesgos en Ecuador después de 16 años de espera. Sin embargo, aún queda pendiente la elaboración del reglamento necesario para su plena implementación. Cristopher Velasco, Presidente de la Asociación de Profesionales en Gestión de Riesgos (APGRE), expone los desafíos actuales y la urgencia de establecer este reglamento para garantizar una gestión efectiva de los riesgos en el país.
La promulgación de la Ley Orgánica de Gestión Integral del Riesgo de Desastres en enero de este año representó un avance significativo en la política de gestión de riesgos de Ecuador. Este hito legislativo, que llegó después de una larga espera de 16 años, fue ampliamente aclamado como un paso crucial para abordar las crecientes amenazas de desastres en el país. Sin embargo, la efectividad de esta ley depende en gran medida de la creación del reglamento que la complemente y le dé operatividad.
Cristopher Velasco, líder de APGRE, destaca la importancia de este reglamento y la necesidad urgente de que el Ejecutivo lo promulgue. Según Velasco, la ley ha cubierto aproximadamente el 80% de lo necesario desde el punto de vista jurídico, dejando un 20% crucial que corresponde al reglamento. Este reglamento es vital para que las disposiciones de la ley se implementen de manera efectiva y operativa.
El reglamento debe abordar cuestiones clave que aún están en el aire. Por ejemplo, debe definir claramente quién será la autoridad provincial competente para manejar los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) y cómo se conformarán los nuevos comités cantonales. Además, se requiere una explicación detallada sobre el funcionamiento del Comité Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres y el manejo de fondos destinados a la reducción de riesgos y desastres. La claridad en estos aspectos es esencial para garantizar una respuesta coordinada y eficiente ante las emergencias.
Velasco también señala que alrededor de 1.326 profesionales en gestión de riesgos están actualmente desempleados en Ecuador. La ley establece que las Unidades de Gestión de Riesgos deben contar con personal calificado, pero aún no se ha definido claramente el perfil profesional necesario. Este vacío deja en una situación incierta a muchos profesionales capacitados que podrían contribuir significativamente a la gestión de riesgos en el país.
El contexto de cambio climático y la creciente frecuencia de desastres naturales hacen que la creación de este reglamento sea aún más urgente. Velasco subraya que la gestión de riesgos no solo se trata de responder a emergencias, sino de anticipar y mitigar los impactos potenciales. Esto requiere una preparación adecuada, inversión en infraestructura resistente y una mejor capacitación para los profesionales en el campo.
El ejemplo de los incendios forestales en el Distrito Metropolitano de Quito y otros eventos recientes ilustra la necesidad de una estrategia de gestión de riesgos bien definida. La falta de un reglamento claro y la carencia de profesionales capacitados agravan la situación y pueden llevar a respuestas ineficaces ante desastres.
Además, Velasco plantea la necesidad de considerar la gestión de riesgos en el desarrollo urbano y la infraestructura. Menciona casos en los que la falta de planificación adecuada ha llevado a consecuencias graves, como en el terremoto de 2016 que afectó gravemente la infraestructura pública en Ecuador. Las inversiones en infraestructura deben incorporar principios de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático para garantizar su durabilidad y funcionalidad.
La Ley Orgánica de Gestión Integral del Riesgo de Desastres es un paso positivo hacia una gestión más eficaz de los riesgos en Ecuador, pero su éxito depende de la pronta elaboración y promulgación del reglamento necesario. La Asociación de Profesionales en Gestión de Riesgos hace un llamado urgente al Ejecutivo para que acelere este proceso y permita que la ley se implemente de manera efectiva.
Fuente: PORTADAS | prensa.ec
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