Analista político advierte graves consecuencias jurídicas por crisis diplomática México-Ecuador

Ludwing Alvarez Rengifo, experto en relaciones internacionales, analiza los riesgos legales que enfrenta Ecuador tras la tensión con México.

Ludwing Alvarez Rengifo, destacado analista político y CEO de Provisa

La repentina crisis diplomática entre México y Ecuador ha generado una profunda preocupación a nivel internacional. Ludwing Alvarez Rengifo, destacado analista político y CEO de Provisa, advierte sobre las graves consecuencias jurídicas que puede enfrentar el país andino si no se maneja adecuadamente esta situación.

Según Alvarez Rengifo, la decisión de Ecuador de declarar persona no grata a la embajadora mexicana y la respuesta de México de otorgar asilo político al exvicepresidente Jorge Glas, violan principios básicos del derecho internacional. “La Convención de Viena de 1961, ratificada por Ecuador, establece claramente la inviolabilidad de los recintos diplomáticos. Ingresar de manera militar a una embajada es un acto totalmente ilegítimo que podría desencadenar sanciones económicas y políticas contra el país”, afirma el experto.

Además, el analista señala que el otorgamiento de asilo a Glas, quien tiene sentencias ejecutoriadas en su contra, contraviene la Convención de Caracas de 1954, que limita esta figura a casos de “manifiesto carácter político”. “México no está obligado a explicar por qué concede el asilo, pero Ecuador tiene todos los argumentos jurídicos para impugnar esta decisión”, explica Alvarez Rengifo.

Las consecuencias de esta crisis podrían ser devastadoras para Ecuador, advierte el experto. “Estamos hablando de posibles sanciones económicas, bloqueos comerciales, incautación de bienes y hasta la suspensión de Ecuador del Mercosur. Además, miles de ecuatorianos en México y mexicanos en Ecuador se verían afectados en temas como renovación de visas y repatriación de capitales”, señala.

Ante este panorama, Alvarez Rengifo considera que la Asamblea Nacional debería aplicar el artículo 120 de la Constitución y declarar la “manifiesta incapacidad mental” del presidente Novoa para gobernar, permitiendo así que la vicepresidenta asuma el mando y repare la imagen diplomática del país.

Fuente: Portadas | prensa.ec

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