Chile ante la sequía: Una batalla legal y estratégica por el agua

Reformas hídricas marcan un nuevo rumbo en la gestión del recurso vital

La megasequía que azota a Chile desde hace más de una década ha obligado al país a replantearse su relación con el agua. En una mesa redonda sobre la crisis hídrica regional, expertos chilenos detallaron las estrategias y reformas implementadas para enfrentar este desafío sin precedentes.

Nicolás Ureta, Jefe del Departamento de Organizaciones de Usuarios de la Dirección General de Aguas (DGA), y Víctor Gálvez, asesor de recursos hídricos en el Ministerio de Obras Públicas, expusieron las medidas adoptadas por Chile para gestionar la escasez hídrica que amenaza el consumo humano y las actividades productivas en vastas zonas del país.

La reforma al Código de Aguas de 2022 marcó un punto de inflexión en la política hídrica chilena. Esta modificación, resultado de 12 años de debate parlamentario, priorizó por primera vez el consumo humano y la preservación ecosistémica sobre los usos económicos del agua. “Chile cambió radicalmente el paradigma de para qué se tiene que utilizar el agua”, enfatizó Ureta.

Entre las nuevas atribuciones otorgadas a la DGA, destaca la facultad de declarar zonas de escasez hídrica, autorizando extracciones de agua sin necesidad de derechos de aprovechamiento preexistentes y promoviendo acuerdos de redistribución entre usuarios. Estas medidas buscan garantizar el abastecimiento para consumo humano en situaciones críticas.

La reforma también estableció plazos y condiciones específicas para los acuerdos de redistribución, dotando al Estado de mayor capacidad para intervenir cuando estos no se alcanzan. “Si la Junta de Vigilancia no cumple con esa orden, la DGA lo hace directamente y con cargo a los mismos usuarios”, explicó Ureta, destacando cómo este cambio ha incentivado a los usuarios a llegar a acuerdos para evitar la intervención estatal.

Por su parte, Gálvez subrayó la importancia de la planificación y adaptación ante los nuevos escenarios climáticos. “Los escenarios climáticos que nosotros hemos visto en el contexto de sequía en Chile son escenarios que estaban proyectados para 40-50 años más, y lo estamos viviendo hoy en día”, advirtió.

En la Región de Coquimbo, una de las más afectadas, se han registrado déficits de precipitaciones de hasta un 90% respecto a los promedios históricos. Esta situación ha requerido la implementación de medidas extraordinarias, como convenios de transacción de agua entre regantes y empresas de agua potable, y un monitoreo exhaustivo de las condiciones hídricas.

La coordinación interministerial, liderada por el Ministerio del Interior, ha sido crucial para mitigar los efectos de la sequía. Se han desplegado obras de eficiencia hídrica, nuevas fuentes de agua subterránea y se ha anunciado una cartera de emergencia para reforzar los sistemas de agua potable en las cuencas más afectadas.

El caso chileno pone de manifiesto la necesidad de adaptar los marcos legales y las estrategias de gestión del agua ante la nueva realidad climática. La priorización del consumo humano, la flexibilización de los derechos de agua y la promoción de acuerdos entre usuarios se perfilan como elementos clave para enfrentar la escasez hídrica.

Sin embargo, estas medidas no están exentas de desafíos. La implementación de los nuevos planes estratégicos hídricos por cuenca, la gestión de conflictos entre usuarios y la adaptación de la infraestructura hídrica a las nuevas condiciones climáticas son tareas pendientes que requerirán un esfuerzo sostenido y coordinado.

La experiencia chilena en la gestión de la crisis hídrica ofrece lecciones valiosas para otros países que enfrentan desafíos similares. ¿Podrán estas estrategias servir de modelo para otras naciones que se enfrentan a la creciente amenaza de la escasez de agua en un mundo cada vez más cálido y seco?