Ecuador ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica en percepción de corrupción. Andrea Agudelo, jefa regional de la UNODC, explica cómo combatir este flagelo desde la prevención, la transparencia y la inteligencia artificial.
Siete de cada 10 ecuatorianos creen que los contratos públicos se ganan con coimas o contactos. En 2021, se lavaron 3,500 millones de dólares, tres veces más que en la década anterior. Andrea Agudelo, jefa regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), analiza en entrevista en Contacto Directo de Ecuavisa, las estrategias para erradicar la corrupción en Ecuador, un mal que permea todas las esferas del poder y amenaza la estabilidad del país.

La corrupción en Ecuador no es un problema aislado; es un fenómeno multifacético que afecta a todas las ramas del poder público y se entrelaza con otros delitos como el narcotráfico y el lavado de activos. Andrea Agudelo, experta en corrupción y delitos económicos de la UNODC, señala que para combatirla se requiere un enfoque integral y coordinado. “No basta con declaraciones de principios. Se necesitan políticas concretas, medibles y evaluables”, afirma.
Agudelo destaca que la lucha contra la corrupción debe involucrar a todos los sectores: público, privado y sociedad civil. “La corrupción no solo ocurre en el sector público; también hay corrupción privada que contribuye al problema”, explica. Para ello, es crucial identificar los puntos más vulnerables del sistema, desde la contratación pública hasta la ejecución de obras, y diseñar estrategias específicas para cada etapa.
Uno de los pilares fundamentales es la transparencia. “No se trata de publicar información en masa, sino de ofrecer datos útiles y veraces que permitan a los ciudadanos exigir rendición de cuentas”, señala Agudelo. Además, resalta la importancia de promover la integridad y la ética entre los funcionarios públicos. “Deben sentirse orgullosos de ser servidores públicos y actuar con probidad”, agrega.
La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta clave para prevenir la corrupción. Países como Chile, Colombia y Argentina ya están utilizando IA para optimizar procesos de contratación pública, analizar grandes volúmenes de datos y facilitar auditorías. “La información es poder. Con la IA, podemos identificar patrones de corrupción y actuar de manera preventiva”, explica Agudelo.

En Chile, por ejemplo, se ha implementado un indicador de compras públicas que utiliza modelos de IA para detectar irregularidades en tiempo récord. En Colombia, la contraloría usa sistemas similares para acceder rápidamente a información clave. “Estas herramientas no reemplazan el juicio humano, pero optimizan los tiempos y permiten a los funcionarios concentrarse en tareas más críticas”, añade.
Uno de los debates recurrentes en Ecuador es el rol de la Contraloría General del Estado. Algunos sectores proponen convertirla en un tribunal de cuentas, mientras otros critican su discrecionalidad. Agudelo advierte que no hay un modelo único. “Cada país debe adaptar su sistema de control a su realidad jurídica y cultural. Lo importante es que sea eficiente y transparente”, afirma.
La experta sugiere que la contraloría debe monitorear todo el ciclo de las compras públicas, desde la licitación hasta la ejecución. “Todas las fases son sensibles a la corrupción. Por eso, es crucial identificar los riesgos en cada etapa y actuar en consecuencia”, explica.
Uno de los mayores retos es la penetración de las mafias y el crimen organizado en los procesos públicos. Agudelo enfatiza la necesidad de entender las conexiones entre la corrupción y otros delitos como el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas. “No podemos analizar estos fenómenos de forma aislada. La corrupción facilita todo el crimen organizado”, señala.
Para contrarrestar esta amenaza, es fundamental fortalecer los controles en zonas vulnerables, como las fronteras y los puertos. “Debemos anticiparnos a las consecuencias y actuar de manera preventiva”, agrega.
Aunque la corrupción parece un mal irremediable, hay ejemplos de países que han logrado reducirla significativamente. Uno de los casos más destacados es Georgia, que pasó de ser considerado un estado fallido a implementar reformas exitosas contra la corrupción. “Lo más potente fue la persecución patrimonial de la corrupción. Los funcionarios debían indemnizar al Estado por los daños causados”, explica Agudelo.
Este enfoque, combinado con la promoción de la integridad y la probidad, permitió a Georgia reducir la sensación de impunidad y reconstruir su sistema. “No hay una fórmula mágica, pero con voluntad política y acciones coordinadas, es posible avanzar”, concluye.
La corrupción en Ecuador es un mal sistémico que requiere soluciones integrales y coordinadas. Desde la transparencia y la rendición de cuentas hasta el uso de inteligencia artificial, las herramientas están disponibles. La pregunta es: ¿tendrá el próximo gobierno la voluntad política para implementarlas y recuperar la confianza de los ciudadanos?
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