Gobierno ecuatoriano acumula deuda de 88 millones con clínicas de diálisis

Pacientes renales en riesgo ante la falta de insumos y personal médico, la deuda del Ministerio de Salud Pública y el IESS con los centros de diálisis supera los 195 millones de dólares, afectando a 17,000 pacientes renales y provocando el cierre de 10 clínicas en 2024.

El sistema de salud ecuatoriano enfrenta una crisis sin precedentes. Con una deuda millonaria que supera los 195 millones de dólares, las clínicas de diálisis no pueden garantizar la atención integral a los 17,000 pacientes renales del país. La falta de insumos, el desabastecimiento y la renuncia masiva de personal médico han llevado a una situación crítica, donde los pacientes y sus familias cargan con el peso de un sistema colapsado.

El panorama para los pacientes renales en Ecuador es desolador. Según Cristina Freire, vocera de la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador, el gobierno adeuda 88 millones de dólares a las clínicas de diálisis, sumándose a una deuda acumulada que ya supera los 195 millones. Esta situación ha provocado el cierre de 10 clínicas en 2024, dejando a miles de pacientes sin acceso a tratamientos vitales.

En entrevista en radio Pichincha, Freire explicó que, aunque el Ministerio de Salud canceló 62 millones de dólares en 2023, aún falta cubrir los 88 millones restantes. Además, la deuda del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) asciende a más de 100 millones, lo que agrava la crisis. “No podemos operar con normalidad. Tenemos desabastecimiento de insumos y no podemos pagar a los proveedores”, afirmó Freire.

Los pacientes renales son los más afectados. Muchos han tenido que comprar sus propios insumos, con gastos semanales que oscilan entre 40 y 50 dólares. Además, algunas clínicas han reducido las horas de diálisis o el número de sesiones debido a la falta de recursos. “No es solo conectar al paciente a la máquina. Necesitan un tratamiento integral que incluya atención para la hipertensión, diabetes y otras enfermedades primarias”, señaló Freire.

La situación ha llevado a un aumento en las muertes. Aunque no hay cifras oficiales actualizadas, se estima que más de 1,000 pacientes han fallecido desde octubre de 2023 debido a la falta de atención adecuada. “El Ministerio de Salud debe actualizar estas cifras y evaluar los casos. La realidad podría ser mucho más grave de lo que se conoce”, advirtió Freire.

A pesar de las protestas y reclamos, las autoridades no han brindado soluciones concretas. Freire denunció que el Ministerio de Finanzas no ha explicado por qué se anularon facturas pendientes y que las reuniones prometidas no han arrojado resultados. “Nos dijeron ‘no sé’ y ahí quedó todo. No hay respuestas ni compromisos reales”, afirmó.

En 2024, 10 clínicas de diálisis cerraron sus puertas debido a la falta de liquidez. Las que siguen operando lo hacen con recursos limitados y sin capacidad para atender a nuevos pacientes. “El 80% de las clínicas nacionales están afectadas. Solo las multinacionales tienen algo de capital para seguir operando, pero incluso ellas enfrentan dificultades”, explicó Freire.

¿Cuántas vidas más se perderán antes de que el gobierno ecuatoriano asuma su responsabilidad y garantice el acceso a tratamientos vitales para los pacientes renales? La deuda no es solo económica; es una deuda con la salud y la dignidad de miles de ecuatorianos.