Ana Herrera, asambleísta de Revolución Ciudadana, expone las causales del juicio que culminó con la censura del consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
La destitución de Juan Esteban Guarderas como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha generado una intensa polémica política. Ana Herrera, impulsora del juicio político, detalla las irregularidades que motivaron este proceso.
El pasado viernes, la Asamblea Nacional aprobó, con 70 votos a favor, la destitución y censura de Juan Esteban Guarderas. El juicio político, liderado por la asambleísta Ana Herrera, señala tres motivaciones principales: incumplimiento de funciones, tráfico de influencias y falsificación de documentos.
La primera causal se basó en la violación de la reserva de ley. Guarderas habría divulgado información confidencial de una denuncia archivada por no ser competencia del Consejo. Además, utilizó esta misma información en una denuncia personal contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.
En cuanto al tráfico de influencias, se acusó a Guarderas de intimidar a un abogado durante un proceso judicial, amenazándolo con represalias si no retiraba una denuncia. Según Herrera, esto evidencia un abuso de poder para obtener beneficios personales.
La tercera motivación, inicialmente menos relevante, adquirió peso durante el proceso. Guarderas presentó un documento firmado por un abogado que luego aseguró no haber participado en el caso. Durante el juicio, el consejero afirmó no conocer al abogado, contradiciendo la veracidad del documento presentado.
La asambleísta Herrera también denunció intentos de soborno y amenazas por parte de funcionarios del gobierno, lo que, según ella, demuestra el interés político en proteger a Guarderas. “Un funcionario público debe ser transparente y trabajar por los ciudadanos, no utilizar su cargo para fines personales”, declaró Herrera.
El desenlace de este juicio abre la puerta a cuestionamientos sobre la independencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A esto se suma un próximo juicio político contra la consejera Johana Verde Soto, señalada por tráfico de influencias. ¿Representa este caso un avance hacia la transparencia o revela la profunda politización de las instituciones públicas en Ecuador?
Fuente: A PRIMERA HORA | prensa.ec
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