La Corte Constitucional de Ecuador anuló el proceso judicial que permitió a los hermanos William y Roberto Isaías Dassum recuperar bienes incautados por el Estado tras la crisis financiera de los años noventa. Esta decisión, aunque contundente en declarar la ilegalidad de las devoluciones, deja sin aclarar cómo se revertirá lo ya entregado, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de estos bienes y acciones.
El fallo identificó un “error inexcusable” en las decisiones judiciales que, entre 2022 y 2023, favorecieron a los Isaías. Los jueces involucrados transformaron medidas cautelares en acciones de protección sin respetar precedentes legales, vulnerando la seguridad jurídica del Estado. Sin embargo, la sentencia no establece un mecanismo claro para que los bienes y acciones vuelvan al control público.
Entre los bienes ya restituidos se encuentran 65 inmuebles y participaciones en seis empresas. Algunos, como el Hotel Ramada en Guayaquil, ya han sido vendidos, lo que complica aún más su recuperación. Además, la transferencia de acciones de empresas clave, como el Grupo Azucarero EQ2, a paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, evidencia el desafío de rastrear y recuperar estos recursos.
El proceso ahora recae en instituciones como Inmobiliar y el Ministerio de Agricultura, responsables de recuperar lo transferido a fideicomisos creados por los Isaías. Sin embargo, la falta de directrices específicas por parte de la Corte Constitucional prolongará un conflicto que ya afecta la confianza pública en la administración de justicia.
Por otro lado, los jueces Johnny Lituma, Adolfo Gaibor y Alberto González, responsables de las decisiones anuladas, enfrentan posibles sanciones por prevaricato. La Corte remitió el caso a la Fiscalía, destacando que sus acciones violaron disposiciones legales claras. Este proceso podría sentar un precedente para casos similares, pero también expone la fragilidad de las instituciones judiciales del país.
La anulación del fallo es un paso importante para salvaguardar los recursos del Estado, pero deja un vacío crítico: ¿cómo garantizar que los bienes, ya en manos privadas o terceros, sean restituidos sin perjudicar al erario público?
Fuente: prensa.ec
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