Ajustes económicos en Argentina y tensiones políticas en Ecuador y Venezuela definen la jornada regional este 11 de febrero.
La región sudamericana atraviesa este miércoles 11 de febrero de 2026 una jornada de alta intensidad política y económica. En Argentina, la inflación de enero alcanzó el 2,9%, acumulando cinco meses de subas consecutivas, mientras que en Ecuador, la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por presunto lavado de activos, sacude el tablero institucional. Paralelamente, en Venezuela, el gobierno de Delcy Rodríguez impulsa una consulta popular para marzo, en un contexto de renovadas tensiones con Estados Unidos. Estos eventos reflejan una región lidiando con la inestabilidad de precios, reformas laborales y procesos judiciales de alto impacto.
Inflación y conflicto social en Argentina
El dato inflacionario de enero en Argentina (2,9%) superó las expectativas del mercado, situándose como la cifra más alta desde marzo del año pasado. Este incremento estuvo impulsado principalmente por el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%) y servicios como vivienda y electricidad.
En paralelo a la crisis de precios, la provincia de Santa Fe enfrenta una “rebelión policial” por reclamos salariales, con protestas que impiden la salida de móviles en Rosario. En el plano legislativo, el Gobierno Nacional cedió ante gobernadores y la CGT, modificando artículos clave de la reforma laboral para asegurar su aprobación en el Senado.
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Crisis judicial en Ecuador y Perú
La justicia ecuatoriana captó la atención regional con la detención de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, y otras 10 personas en el marco del “Caso Goleada”, donde se investiga una red de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
Por su parte, en Perú, la Fiscalía ha solicitado informes sobre reuniones del mandatario con empresarios chinos y el congresista José Jerí, ampliando investigaciones por presunto tráfico de influencias y nombramientos ilegales. La inestabilidad se extiende al ámbito aéreo con el accidente de un avión con 55 pasajeros en las playas de Somalia, operado por una aerolínea que intentaba retornar al aeropuerto por fallos técnicos.
Reformas y ajustes en Uruguay y Paraguay
En Uruguay, la multinacional BASF anunció un recorte del 40% de su plantilla debido a altos costos operativos, lo que representa un golpe al sector de servicios tecnológicos en Montevideo. En el ámbito legislativo, el Senado uruguayo analiza el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
En Paraguay, el Gobierno decidió aplazar hasta marzo el estudio de la reforma de la Caja Fiscal buscando consenso con el sector docente, que mantiene una amenaza de huelga para el inicio del ciclo lectivo. Además, se anunció que Itaipú financiará la restauración de la catedral de Ciudad del Este tras un incendio estructural.
Conflictos de transporte y energía en Bolivia y Chile
En Bolivia, el sector transporte manifestó dudas sobre el “seguro solidario” para daños causados por la calidad de la gasolina, mientras técnicos coreanos inspeccionan rutas alternas en la zona de El Angosto.
Chile enfrenta una propuesta de alza fija de $1.450 en las cuentas de luz para mitigar la deuda acumulada con las distribuidoras eléctricas desde 2020. En el ámbito social, el animador Eduardo Fuentes denunció amenazas en redes sociales, reflejando el clima de hostilidad digital.
Venezuela: Consulta popular y tensiones externas
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, convocó a la participación en la Consulta Popular del 8 de marzo enfocada en la transformación económica. No obstante, el canciller Yván Gil calificó los recientes ataques militares y sanciones de EE. UU. como la “peor mancha” en la historia de las relaciones diplomáticas, mientras la ONU confirma contactos para retomar la agenda de derechos humanos en el país.
La simultaneidad de crisis económicas y procesos judiciales contra figuras de poder sugiere una Sudamérica en una etapa de reconfiguración institucional, donde la presión ciudadana por salarios y servicios básicos choca con la austeridad fiscal y la fiscalización judicial.
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