El presidente de Colombia respalda su política con cifras oficiales: costos de producción bajaron 2,63% y precios de alimentos se mantienen estables tras el aumento salarial.
El presidente Gustavo Petro defendió públicamente el decreto de salario mínimo vital en Colombia, desmintiendo críticas que vinculan la medida con un alza en los precios. Durante un discurso transmitido el 14 de enero de 2026, Petro presentó datos oficiales que, según su gobierno, demuestran una caída del 2,63% en los costos de producción y estabilidad en los precios de alimentos tras un aumento real del 18% en salarios durante su mandato. La polémica se da en un contexto de debate sobre la sostenibilidad fiscal y las reformas tributarias impulsadas por su administración.
Los datos detrás del salario vital
Petro enfatizó que el Índice de Precios al Productor (IPP) —medidor de los costos de producción en el campo y la ciudad— registró una variación anual negativa de 2,63% en diciembre de 2025, pese al incremento real del 18% en el salario mínimo durante sus tres años en el cargo. “Mentiras lo que dicen en Caracol y RCN. Sube el salario real y baja el costo de producir”, afirmó, atribuyendo la estabilidad de precios a la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. El mandatario contrastó estos resultados con el argumento opositor de que el salario vital encarecería bienes y servicios.
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Corabastos: precios estables pese al incremento salarial
El presidente citó el boletín diario de Corabastos, el mercado mayorista de Bogotá, para refutar las críticas. Según su análisis, productos como el pollo, las alas de pollo y otros alimentos básicos mantuvieron precios “estables” tras la entrada en vigor del decreto hace 15 días. Solo dos productos —el plátano hartón y otro no especificado— registraron alzas menores. “¿De dónde sale que el salario mínimo vital sube los costos de la vida cuando los alimentos están estables?”, cuestionó Petro, insistiendo en que la especulación mediática distorsiona la realidad económica.
La brecha histórica en la distribución del ingreso
Petro contextualizó la medida en la lucha por corregir una desigualdad estructural. Citó cifras históricas que muestran cómo la participación de los trabajadores en el ingreso nacional pasó del 44,5% en 1998 al 38% en 2022, durante el gobierno de Iván Duque. Su administración habría revertido parcialmente esta tendencia, elevando el porcentaje al 42-43%. “Le han quitado 686 billones de pesos a los trabajadores en términos constantes. Solo estamos recuperando lo que les arrebataron”, sostuvo, vinculando el salario vital con estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Constitución colombiana.
Emergencia económica y confianza de los mercados
El mandatario abordó el decreto de emergencia económica, implementado tras el rechazo del Congreso a su reforma tributaria. Según Petro, la medida —que impone gravámenes a “mega ricos” y especuladores— logró reducir la tasa de interés interna de 13% a 6% en operaciones de deuda externa. “El mercado internacional nos está dando confianza: ofrecieron USD 2,3 millones por un crédito de USD 495.000”, destacó. Explicó que el recorte de USD 16.000 millones en gasto público y la reestructuración de deuda cara heredada permitieron reducir el déficit fiscal y preparar el terreno para crecimiento económico.
Desafíos y críticas en el horizonte
Aunque Petro celebró los resultados, analistas señalan que la sostenibilidad de estas políticas depende de la estabilidad política y la aprobación de reformas estructurales. Sectores empresariales critican los impuestos a grandes fortunas, mientras movimientos sociales exigen avances en empleo formal y acceso a vivienda. El gobierno insiste en que el decreto de salario vital y la emergencia económica son pilares para “sacar a millones de la pobreza”, pero el debate sobre su impacto real continúa en la agenda nacional.
El discurso de Petro refleja una apuesta por combinar políticas sociales con estabilidad macroeconómica, respaldada por datos oficiales. Sin embargo, el éxito de su estrategia dependerá de su capacidad para equilibrar la redistribución del ingreso con la confianza de inversionistas y la cooperación de un Congreso fragmentado. Mientras tanto, los colombianos observan si los indicadores económicos respaldarán —o desmentirán— las promesas de una “economía para la gente”.
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