¿Sabías que una consulta popular podría costarle a Ecuador casi 280 millones de dólares en un momento de grave crisis fiscal? Según el economista y abogado Ludwing Álvarez Rengifo, ese monto —equivalente a más del doble del presupuesto necesario para construir cinco hospitales especializados en diálisis en Quito— representa un gasto innecesario e irresponsable.
El Estado ya enfrenta crecientes niveles de pobreza y desequilibrio presupuestario, mientras emergen denuncias por malversación de fondos, como el presunto perjuicio de hasta 800 millones de dólares por la venta de reservas de oro en 2023. En ese contexto, destinar recursos a una nueva Asamblea Constituyente no solo es técnicamente cuestionable, sino socialmente injustificable.
Álvarez Rengifo enfatiza: no se trata de posturas ideológicas, sino de prioridades. Con ese dinero, se podrían implementar soluciones reales y sostenibles en salud, educación o seguridad. La consulta popular, en cambio, no garantiza cambios estructurales y sí un enorme costo para las arcas públicas.
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¿Vale la pena apostar cientos de millones en un proceso electoral incierto, cuando hay necesidades urgentes sin resolver? La respuesta, según expertos, es clara: no.
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