En lo alto del páramo de Riobamba, en Chimborazo, cuatro niños de entre 7 y 10 años sobreviven solos desde hace más de un año, tras la muerte de su madre. Sin luz ni agua potable, duermen en una precaria vivienda de adobe con ventanas tapadas por costales y un colchón de paja como único refugio. Cocinan con leña en una olla vieja y su dieta se reduce a papas sin sal. La hermana mayor, de 15 años, asumió el rol de madre: lava ropa ajena y cosecha cebolla para mantener a sus hermanos.
La empresa eléctrica cortó el suministro y retiró los cables; el agua potable también fue suspendida. Vecinos y activistas locales han denunciado la situación y exigen al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y al presidente Daniel Noboa una intervención inmediata. Aunque no hay confirmación oficial sobre la respuesta institucional, organizaciones comunitarias ya canalizan ayuda a través de contactos locales.
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Esta historia no es solo un llamado de auxilio: es un espejo de las brechas que persisten en la protección de la infancia en zonas rurales. ¿Hasta cuándo esperaremos para actuar?
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