Conaie rechaza acusaciones de violencia y exige derogar decreto sobre diésel

Marlon Vargas, presidente de la Conaie, asegura que las protestas indígenas son pacíficas y responden a la represión estatal tras el retiro del subsidio al diésel.

En una entrevista con CNN en Español, Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), negó que los pueblos originarios sean violentos y responsabilizó al gobierno de Daniel Noboa por la escalada de tensión tras el decreto que eliminó el subsidio al diésel. Las declaraciones llegan en medio de protestas nacionales, la muerte de un manifestante y la reciente liberación de cinco personas acusadas de “tentativa de asesinato” contra el presidente, cuya detención fue declarada ilegal por una jueza.

La Conaie niega ser violenta: “Somos pueblos de lucha pacífica”. Tras protestas por el diésel, 5 detenidos fueron liberados por ilegalidad. El gobierno acusó de “tentativa de asesinato”. ¿Diálogo o represión?
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— PrensaEc (@PrensaEc1) October 9, 2025

Conaie: “Somos pueblos de lucha, no de violencia”

Durante su intervención en el programa de Fernando del Rincón, Vargas reiteró que los pueblos indígenas ecuatorianos no portan armas ni promueven actos violentos. “Somos pueblos pacíficos, de lucha y de grandes reivindicaciones”, afirmó. Aseguró que las imágenes de enfrentamientos con palos y piedras son resultado de la represión desproporcionada por parte de las fuerzas armadas y la policía, no de una estrategia violenta de la Conaie.

Vargas citó como ejemplo el caso de Efraín Pérez, un manifestante asesinado en Otavalo, provincia de Imbabura, durante una movilización pacífica. Según su relato, un convoy militar ingresó al lugar y abrió fuego contra los manifestantes. “El gobierno es el responsable de la violencia porque envió al ejército a disparar al pueblo”, señaló.

Gobierno acusa de terrorismo; justicia libera a detenidos

El gobierno de Noboa ha calificado las protestas como actos de “terrorismo” y “tentativa de asesinato” tras un incidente en el que supuestamente se atacó la caravana presidencial. Cinco personas fueron detenidas bajo esas acusaciones. Sin embargo, la jueza encargada del caso determinó que las detenciones carecían de fundamento legal y ordenó su liberación inmediata, un fallo que refuerza las críticas hacia la criminalización de la protesta social.

Organismos de derechos humanos, incluida la Defensoría del Pueblo, han advertido sobre el uso excesivo de la fuerza y la estigmatización de líderes indígenas. La Conaie ha denunciado que medios de comunicación y autoridades estatales tergiversan las imágenes de las protestas para presentar a los manifestantes como agresores, ignorando el contexto de represión previa.

Más allá del diésel: una agenda de derechos históricos

Vargas aclaró que, aunque la derogación del decreto 126 —que eliminó el subsidio al diésel— es la demanda inmediata, la movilización responde a una agenda más amplia. “Nuestra lucha va mucho más allá del diésel”, dijo, enumerando la crisis en salud, educación, empleo y la falta de inversión en territorios indígenas, especialmente en la Amazonía, región que aporta recursos clave al país pero sigue siendo una de las más empobrecidas.

El líder indígena también exigió el cumplimiento de la consulta previa, libre e informada en proyectos extractivos, un derecho constitucional que, según denunció, ha sido sistemáticamente ignorado por gobiernos anteriores y el actual. “Hemos dialogado con todos los gobiernos, pero nunca cumplen sus promesas”, afirmó.

¿Diálogo posible? El gobierno se mantiene firme

A pesar de la apertura al diálogo expresada por Vargas, el presidente Noboa ha mantenido una postura inflexible. En declaraciones públicas, Noboa afirmó que prefiere “morir antes que retroceder” en su decisión sobre el subsidio. No obstante, Del Rincón planteó un escenario hipotético: si el gobierno comprometiera los recursos generados por el fin del subsidio a mejorar salud, educación y seguridad, ¿la Conaie estaría dispuesta a negociar?

Vargas respondió que sí, siempre que exista un compromiso formal, transparente y verificable. “Somos pueblos de diálogo, pero el Estado siempre ha incumplido”, recordó, citando décadas de abandono estatal en zonas rurales e indígenas.

Entre la protesta y la institucionalidad

La crisis actual en Ecuador refleja una tensión estructural entre un movimiento indígena con décadas de organización y un gobierno que enfrenta presiones fiscales y de seguridad. Mientras la justicia cuestiona la narrativa oficial sobre la violencia, la Conaie insiste en que su lucha es legítima, pacífica y constitucional. El camino hacia una solución parece depender menos de la retórica y más de la voluntad real de dialogar con quienes históricamente han sido marginados.