La Federación Médica Ecuatoriana presentó una demanda de inconstitucionalidad que ya suma más de veinte acciones legales contra normas aprobadas por la Asamblea Nacional en los últimos dos meses.
La Federación Médica Ecuatoriana (FME) demandó la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública al considerar que suprime garantías laborales, precariza a 635 000 trabajadores de la salud y elimina derechos previsionales. En una entrevista con A Primera Hora, su presidente, Santiago Carrasco, advirtió que, si la Asamblea no declara emergencia sanitaria, el gremio “saldrá a las calles” junto a pacientes crónicos y en diálisis. La acción legal se suma a otras 20 que ya enfrentan cuatro de las cinco leyes aprobadas en el último periodo legislativo.
Carrasco explicó que la norma deroga el artículo 89 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), que aseguraba estabilidad laboral, y elimina la jubilación opcional a los 60 años con incentivos, fijando la edad única en 65. “Esto deja sin indemnización a miles de profesionales y abre la puerta a despidos arbitrarios”, dijo. También criticó la centralización de compras de medicamentos a través del CEPOP, que, según él, “sólo reemplaza una burocracia nacional por otra internacional sin garantías de transparencia”.
El artículo sobre jubilación fue retirado mediante un veto parcial al proyecto de ley de áreas protegidas. Carrasco lo calificó de “juego peligroso”: “Primero crean incertidumbre, luego rectifican en una norma distinta. No podemos legislar así”.
La reforma al artículo 80 de la LOSEP establece evaluaciones de desempeño obligatorias cada seis meses. El dirigente advirtió que “sin un modelo claro y con recursos insuficientes, la medida puede usarse como mecanismo de persecución”. Recordó que ya existen evaluaciones anuales en la ley de carrera sanitaria —cuyo reglamento no se ha firmado— y denunció que el actual sistema carece de objetividad.
Carrasco denunció que el ingreso a especialidades se ha vuelto opaco: “Antes había concursos transparentes con tribunos mixtos; hoy se habla de cuotas de hasta 20 000 dólares”. Aseguró que la ley de carrera sanitaria, si se reglamentara, restablecería concursos únicos nacionales y becas públicas.
El gremialista confirmó que la FME ha enviado oficios al Ministerio de Salud, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a la Presidencia, “pero no recibimos respuesta”. Aseguró que, si la Asamblea no aprueba la declaratoria de emergencia sanitaria, “marcharemos con pacientes en diálisis y con enfermedades catastróficas porque su vida está en juego”.
La demanda de la FME refleja el descontento de un sector que pide reglas claras y recursos para la atención. Mientras la Corte Constitucional analiza las impugnaciones, la posibilidad de protestas masivas crece. El reloj corre para los pacientes —y para los legisladores.
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