El pasado 03 de enero de 2022, la Corte Constitucional avocó conocimiento del trámite de Consulta Popular de Iniciativa Ciudadana que busca conocer la posición de los quiteños respecto a la explotación de minería metálica en la Mancomunidad del Chocó Andino, conformada por seis parroquias rurales: Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, parte del Distrito Metropolitano de Quito. 

Esto significa que hasta el 23 de este mes, los jueces y las juezas de la Corte Constitucional deben pronunciarse sobre las preguntas propuestas, garantizando el derecho a la participación ciudadana a través de la democracia directa. 

“Según el artículo 104 de la Constitución de la República del Ecuador, la ciudadanía puede solicitar convocatoria a Consulta Popular sobre cualquier asunto, más aún cuando se trata de aspectos tan importantes en nuestras vidas, como son las actividades mineras en nuestros patrimonios naturales y culturales”, señala Gianina Moreno, Presidenta de la Mancomunidad del Chocó Andino. 

El Chocó Andino se encuentra entre los 600 sitios declarados como reservas de biósfera en el mundo y es uno de los 40 hotspots biológicos del planeta por su alta biodiversidad y alto nivel de amenaza y destrucción de sus ecosistemas. Reúne 9.000 especies de plantas vasculares, 270 especies de mamíferos, 210 de reptiles, 700 de aves, 130 de anfibios; muchos de ellos son especies únicas y están amenazadas o en peligro de extinción. 

Pese a la gran diversidad de la Mancomunidad del Chocó Andino, existen 12 concesiones mineras sobre ella y ocupan más de 17 mil hectáreas; además, 6 concesiones de minería metálica están en trámite y ocuparían más de 9 mil hectáreas, impactando al ambiente y la cultura de la zona. 

“Son los quiteños y las quiteñas quienes deben expresar democráticamente en las urnas su postura sobre la minería que afecta la agricultura y turismo del noroccidente de Quito. Es el deseo popular el que debe prevalecer y ser respetado”, añade Mauricio Reyes, miembro de la Red de Jóvenes del Chocó Andino. “Estamos seguros que la Corte Constitucional dará paso a la participación ciudadana, que por ley es un derecho”, concluye. 

Fuente: Nataly Tufiño

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *