El gobierno ecuatoriano debería priorizar la gestión de los riesgos presentes y futuros como una política de Estado; sin embargo, la ocurrencia de algunos eventos peligros en el territorio nacional (Coca Codo Sinclair, Guano, Zaruma, Totoras, Pimampiro), por nombrar algunos, nos demuestran que preferimos atender las emergencias y/o desastres a gestionar sosteniblemente el desarrollo local y nacional.

Cada vez que “tiembla la tierra”, “llueve a cántaros” o se “hunde una zona”, volvemos a justificar la inacción del Estado tanto central como descentralizado, aludiendo que las afectaciones y perdidas que generan los eventos peligrosos son “castigos divinos”, culpa de la naturaleza. Es así como inicia la crónica de nunca acabar de los riesgos; parecería entonces que es más fácil justificarse que actuar.

Por mandato constitucional, el Estado es garante del bienestar y el cumplimiento de los derechos que nos asisten y facultan a toda la población del territorio nacional. Bajo esta premisa no se explica cómo después de 13 años de promulgada la Constitución, el Ecuador aún no cuente con una Ley de Gestión de Riesgos. La institucionalidad rectora de la política de riesgos ha tenido cuatro transformaciones institucionales y actualmente cuenta con limitadas capacidades técnicas y operativas incluso para atender las emergencias.

Anticipándome a la apreciación sobre de la obesidad del sector público o la corrupción de uno u otro gobierno, me permito precisar que esto es un problema de Estado, pues en los gobiernos de turno, no se ha logrado discutir y constituir una verdadera política pública que haga efectivo el quehacer del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos en su rol imperante de reducir los impactos negativos de los desastres y fortalecer la gobernanza del riesgo.

Pero como toda buena crónica, “no sirve llorar sobre mojado”, las circunstancias actuales son una oportunidad para el gobierno del presidente Guillermo Lasso, de poder transformar esta triste realidad a través de mecanismos institucionales que permitan pensar en una estructura institucional robusta, eficiente y lejos de vicio alguno de corrupción, que contribuya a la sostenibilidad del desarrollo, consolide los procesos de reactivación económica verde y trabaje de manera efectiva en procesos concretos de reducción y transferencia de riesgos.

Las improvisaciones incrementan más los riesgos, es así que, luego de siete meses de gobierno es indispensable juntar voluntades y capacidades para construir una eficiente institucionalidad del Estado, regular y ordenar el Sistema Nacional Descentralizado con la promulgación de la Ley de Gestión de Riesgos y pasar de la crónica al cómo lograr articular el sector público, academia, empresa privada y sociedad civil para gestionar los riesgos presentes y futuros en nuestro país.

Es un buen momento para pasar que de la excepción a la norma.

Cristopher Velasco P

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