El asambleísta por El Oro y primer vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Darwin Pereira Chamba, presentó la mañana de este miércoles 13 de octubre la solicitud de juicio político a la Superintendente de Bancos, Ruth Patricia Arregui Solano, por incumplimiento de funciones.

Pereira asegura que entre las principales causales para el planteamiento de este juicio político se encuentran el hecho cierto de que en los momentos más duros de la pandemia no controló las renegociaciones de las entidades financieras con sus clientes, dejándolas a merced de muchos abusos de la banca, algunos de ellos denunciados que no fueron sancionados por este organismo de control.

Asimismo, Pereira indicó que se ha detectado que la Superintendente de Bancos poco o nada ha hecho para controlar a las instituciones financieras a fin de que eviten que los ciudadanos sean víctimas de fraudes por canales digitales, lo que ha originado más de 280 mil denuncias de ciudadanos cuyas cuentas fueron parcial o totalmente vaciadas.

A esto se suma la inobservancia de los requisitos legales en la calificación del anterior presidente del Consejo Directivo del IESS, a quien, a pesar de no cumplir los requisitos legales, lo habilitó para ocupar el cargo. Otra causal esgrimida por el asambleísta Pereira es la falta de sanción a entidades pseudo financieras que no se encuentran autorizadas por la Superintendencia de Bancos para ofertar productos o servicios financieros como el caso de “Big Money”, lo que ha ocasionado un millonario perjuicio a miles de ecuatorianos.

Además, el asambleísta por El Oro se refirió a la inoperancia de la autoridad de control ante el incidente de ciberseguridad del Banco de Pichincha que ocurrió en los últimos días, ya que serían más de 5 millones de usuarios perjudicados por este inconveniente que presentó la entidad financiera. “En mi calidad de asambleísta, he oficiado a la Sra. Superintendente de Bancos para que explique al país entero qué está pasando y cuáles son las acciones tomadas como autoridad de control. La retención arbitraria de dineros de clientes de la banca está penado por el Código Orgánico Integral Penal y administrativamente por el Código Orgánico Monetario y Financiero”, manifestó Pereira.

A decir de Pereira, este juicio político terminaría con la destitución del cargo de la Superintendente de Bancos y su inhabilitación para ejercer un cargo público por dos años; es decir, correría la misma suerte del excontralor Pablo Celi y el ex Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, defenestrados por la actual Asamblea Nacional por la vía del juicio político.

Fuente: Equipo de comunicación – Darwin Pereira Chamba

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