Los primeros 100 días del segundo mandato de Donald Trump han sido un torbellino de decisiones controvertidas, medidas drásticas y una creciente insatisfacción pública.
Desde el día uno, Trump ha empujado los límites del poder presidencial, implementando políticas migratorias extremas, desmantelando agencias federales y enfrentando una guerra comercial global. Este período, marcado por una agenda disruptiva y una aprobación pública en declive, deja a Estados Unidos en un estado de incertidumbre y polarización.
Desde el primer día, Trump ha priorizado su agenda migratoria, prometiendo “la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”. Sin embargo, las deportaciones masivas aún no se han materializado. En su lugar, la administración ha recurrido a medidas extremas, como invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar migrantes a “megaprisiones” en El Salvador y revocar visas de estudiantes acusados de simpatizar con Hamas.
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El presidente también declaró una emergencia nacional en la frontera sur, aumentando la presencia militar y utilizando instalaciones como la Base Naval de Guantánamo para detener y deportar migrantes. Estas acciones representan un cambio drástico en la política migratoria, enviando un mensaje claro a los inmigrantes indocumentados: es hora de irse.
En paralelo, Trump ha llevado a cabo una reestructuración radical del gobierno federal. Más de 120,000 empleados federales han sido despedidos o han aceptado indemnizaciones por despido desde el día de la inauguración. Agencias como USAID y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor han sido desmanteladas o reducidas a funciones mínimas. La orden ejecutiva de Trump para cerrar el Departamento de Educación es otro ejemplo de su enfoque agresivo.
Estas medidas, según Elon Musk, podrían ahorrar a los contribuyentes estadounidenses unos 150 mil millones de dólares. Sin embargo, la opacidad de estas operaciones hace difícil verificar tales afirmaciones. Lo que es claro es que estas acciones han generado un clima de incertidumbre y descontento entre los empleados federales y la población en general.
La aprobación pública de Trump ha caído a niveles históricos. Las encuestas muestran una insatisfacción generalizada con sus políticas económicas, que han llevado al país al borde de un colapso financiero. La guerra arancelaria con China y otros países ha generado preocupación tanto a nivel doméstico como internacional.
Además, las medidas migratorias han desatado un debate constitucional. El caso de Kirmer Abrego García, un ciudadano salvadoreño deportado a una prisión en El Salvador, ha encendido alarmas sobre los límites del poder presidencial. Trump ha sugerido incluso deportar ciudadanos estadounidenses sin un debido proceso, lo que ha sido ampliamente criticado por analistas constitucionales.
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Los primeros 100 días del segundo mandato de Trump han sido un período de caos, controversia y cambios radicales. ¿Están estas medidas llevando a Estados Unidos por el camino correcto, o estamos al borde de un precipicio económico y constitucional? ¿Cómo reaccionará la población y el Congreso ante estas políticas disruptivas?
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